El pasado seis de junio el Gobierno de España aprobaba el Real Decreto 413/2014 que establecía por Orden Ministerial las retribuciones que deben recibir las empresas del sector energético, y más concretamente, las vinculadas a las energías renovables.
La energía fotovoltaica podrá percibir durante su vida útil, una retribución de forma adicional de acuerdo con la venta de la energía al precio de mercado. Dicha retribución cubrirá los costes de inversión para cada instalación que no puedan ser recuperados por la venta de la energía en el mercado.
La retribución a la operación cubrirá la diferencia entre los costes de explotación y los ingresos por la participación en el mercado de producción, al que se denomina retribución a la operación.
El objetivo de la reforma es alcanzar una rentabilidad razonable para cada proyecto, calculada con la media de los dos últimos años del bono del gobierno español +300ppbb, hoy en día estimada en torno a un 7,5% anual. El nuevo marco establece un escenario para el negocio, con un riesgo limitado. Como consecuencia, se ha despertado el apetito de los inversores de fondos especializados en el sector, presentes en el mercado e interesados en adquirir volumen en el negocio, o interesados en la estabilidad de los flujos de inversión.
Por otro lado, existen oportunidades en este sector gracias a que numerosas entidades financieras se han hecho con la propiedad de instalaciones de este tipo que se encontraban apalancadas.
Igualmente, numerosos inversores privados como Family Offices están desinvirtiendo debido a la gran cantidad de cambios en la regulación que ha habido en los últimos años, mermando los proyectos iniciales de inversión.
